Andrés Manuel López Obrador anuncia que gobiernos estatales y empresas podrán comprar por su cuenta la vacuna contra la COVID-19.
Era lo que «la oposición» quería, pero es una decisión desastrosa, aunque muchos estén convencidos de que es lo mejor.
Las compras son centralizadas porque al momento las farmacéuticas NO venden la vacuna a particulares. Al tener autorización de emergencia, no se puede disponer con fin comercial.
El tipo de autorización puede cambiar, claro, pero esto no soluciona el problema principal hoy, que no es falta de caminos de distribución, sino la capacidad de producción de las farmacéuticas para dar vacunas a, literalmente, todo el mundo.
Que haya más compradores no significa que habrá más vacunas, sino que hay más postores por las mismas existencias.
México hoy «compite» contra EEUU, Europa y potencias asiáticas. Sorpresa: no podemos competir. Se necesitan acuerdos a nivel global para que haya para todos. No tiene sentido fragmentar la «fuerza negociadora» mexicana en 32 estados.
España, Hungría, Alemania o Bulgaria no negocian por su cuenta, lo hacen todos bajo el paraguas de la Unión Europa. Eso les permite a los más pequeños contar con las mismas ventajas de las potencias.
¿Qué va a pasar a corto plazo? Que esta declaración de AMLO no va a tener ningún efecto práctico para los estados de la República, pero sí le da cobertura para evadir su responsabilidad y repartir culpas.
A largo plazo, es peor aun. Cuando las entidades y particulares puedan por fin entrar en juego, los más desfavorecidos serán los más necesitados.
Un empresario de 35 años de Querétaro podrá, por el poder del dinero, recibir la vacuna antes que una vendedora de artesanías de 60 de Oaxaca. «Pero los estados podrán dar prioridad a médicos y mayores, ¿no?», me dirán.
En algunos casos así será. Pero eso no quita que con 32 entidades y empresarios yendo por la suya irremediablemente habrá muchos afectados que verán cómo gente más joven y rica los adelanta en la fila.
Es más que probable una amplia disparidad de criterios. Algunos estados querrán vacunar primero a mayores y con factores de riesgo. Otros a la «fuerza productiva». Unos más a zonas rurales y no faltará el que simplemente ponga primero a sus clientelas electorales.
Sumen el descontrol y probable desperdicio de muchas dosis. No faltará la persona que se vacune vía su empresa, el estado y el programa federal. Y a otros les dirán en una que le toca ir a la otra.
Un esfuerzo de vacunación de esta magnitud requiere de un plan nacional.
En esta cuenta rara vez se defenderá a AMLO y la 4T, pero más allá de las fallas o retrasos que tenga su plan de vacunación (si es que existe), es imprescindible que sea el gobierno federal quien coordine los esfuerzos.
En esto sí tenía razón Gatell.
La razón es simple, y aplica en casi todo el mundo. Solo el gobierno federal/central tiene la capacidad operativa, el «músculo» necesario para emprender una tarea de este tipo: recursos económicos, bases de datos, colaboración internacional y un largo etcétera, incluso el ejército para proteger las vacunas del crimen organizado.
¿Deben participar los estados y los particulares? Sin duda, pero como parte de toda la operación, no estableciendo su propio sistema.
Con todo lo que podemos criticar hoy al gobierno federal, siempre se puede hacer empeorar una situación ya mala de por sí.
No olvidemos, además, que la petición de algunos gobernadores no es simplemente por «interés público», sino personal.
Lo que le molesta al Bronco o Enrique Alfaro no es que López Obrador haga uso electoral -que lo hace- de la vacuna.
Es que ellos no pueden hacerlo.